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La inflación y la necesidad de capitales empujaron al gobierno de Hernán Siles (1956-1960),a someterse a las condiciones de dependencia de EE.UU. y el FMI.

En 1955 fue publicado un plan económico "inmediato", elaborado por Guevara Arce, Ministro de Relaciones Exteriores, incorporando -recomendaciones principales de la Misión Bohan (1942), reiteradas por la misión Keenleyside (1950) y diez años después por el Plan de Desarrollo Decenal (1962-71) y Bienal (1963-1964); el desarrollo de mandaba como cuestión prioritaria la disminución de importaciones y buscar el incremento de las exportaciones; y, para mejorar aprovechamiento de los recursos humanos y naturales, debía trasladarse población de las tierras densamente pobladas y "pobres" del Altiplano a las "fértiles" del este.

La situación inflacionaria que se remontaba a la década de 1930 y que alcanzó el 18% el último quinquenio prerrevolucionario, se agudizó. En 1952, debido a improntos naturales, pero principalmente a la convulsión campesina que condicionaba la cosecha al dictamen del Decreto de Reforma Agraria, se perdió gran parte de la producción. La disminución de ésta en un 13% entre 1952 y 1954, y la crisis del sistema de distribución, monopolizado antes por los terratenientes, ocasionaron el desabastecimiento de los mercados urbanos. En cuanto al estaño, el contenido de fino era cada vez menor.

Esto suponía la necesidad de fuertes inversiones para mantener la alta tasa de producción de los 40's. 1952 fue un mal año. En 1953, gracias al trabajo adicional aportado por los obreros para sacar adelante a COMIBOL, la producción experimentó un importante repunte, nivel nunca vuelto a alcanzar.

Para 1956 la fuerza de trabajo había disminuido notablemente su rendimiento y su costo se triplico respecto a 1950, repercutiendo sobre el costo de producción del estaño: razones de orden político habían llevado al gobierno a recontratar mineros despedidos durante el Sexenio. A ello se sumaba el deterioro de al maquinaria; el alejamiento del personal especializado –la dependencia de especialistas extranjeros era otro oneroso legado de la gran minería-; la carga de los beneficios sociales que el gobierno aseguraba a los trabajadores –incluida la extensión de la practica prerrevolucionaria de subsidiar productos alimenticios y otros en las pulperías-; y el ejercicio politizado del control obrero. Varias minas cesaron, la COMIBOL fue descapitalizándose y entro en quiebra, y la administración del Banco Minero probo ser ineficiente y corrupta.

Inculpados de la ruina de COMIBOL y de la crisis económica, el sindicalismo minero responsabilizo a la administración de la COMIBOL de ineficiencia y corrupción, de las deficiencias tecnológicas causantes de la improductividad, de la mal situación de sus pulperías y demás problemas laborales. La responsabilidad de tal crisis incumbía, empero, no solo a la mala administración y a la indisciplina laboral y sindical como apuntaba el gobierno, sino también a los propios manejos políticos del MNR.

La crisis de COMIBOL, así como el incremento en la importancia de productos alimenticios, tuvieron serios efectos sobre la balanza de pagos y sobre la situación inflacionaria. A esto se sumo la caída de la reservas de moneda extranjera en mas de $us. 23 millones en 1956 sólo quedaban $us. 2 millones. Al término del primer gobierno movimientista, el país estaba al borde de la bancarrota. La inflación sin precedentes y la necesidad de capitales para encarar el urgente despegue de la economía empujaron al siguiente gobierno movimientista (1956-1960), con Hernán Siles Zuazo a la cabeza, a una creciente contracción de su ideología nacionalista, sometiéndose a las condiciones de una igualmente creciente dependencia.

El programa de estabilización económica, negociado con EE.UU. y el FMI. Era similar al del gobierno de Villarroel, en el que Paz Estenssoro había sido ministro de finanzas. A fin de superar el déficit estatal debían disminuir los gastos administrativos, suspenderse el subsidio a las pulperías y el control de preciso, y racionalizarse la política y reservas bancarias; los salarios debían ajustarse al aumento del costo de vida y los impuestos; y el sistema de cambio debía ser unificado a Bs. 7.7 por dólar. Como ayuda al programa, Bolivia recibiría $us 25 millones, diez de ellos en calidad de ayuda norteamericana.

El impacto de tales medidas sobre la población fue diverso: no afectaron ni al campesinado, que era relativamente autosuficiente y vio aumentar el precio de sus productos; ni a los trabajadores de servicios. En cambio sí al sector manufacturero, que obtenía buenas ganancias del contrabando de su producción, a los minero y a los empleados públicos. Las huelgas laborales alcanzaron proporciones dramaticas, causando a casi paralización de la industria. También se vio afectada la burguesía industrial y mercantil, que sufrió la restricción de préstamos bancarios y que se beneficiaba, como otros elementos sociales, del sistema diferencial de cambios. Éste, implementado en 1935 para gravar indirectamente al sector minero, subvencionar la importación de artículos de consumo necesario y “respaldar” a la industria, causaba inflación, la fuga de divisas y otros desordenes monetario, y servía a manejos clientelistas y a sectores con que el régimen buscaba congraciarse.

En el período de estabilización la situación de la agricultura y la minería privada mejoraron. No así la COMIBOL, a pesar de los mejores precios internacionales del estaño: aún después de reducir en una cuarta parte su fuerza laboral, sus costos crecían y no conseguía aumentar su producción. Para 1960 su déficit alcanzo a 6 millones de dólares y sus gastos duplicaban los del fisco, por lo que debía recurrir a créditos externos, a la disminución de salarios y al incumplimiento de sus obligaciones internas. La grave situación de la COMIBOL hacia, pues, peligrar todas las conquistas de la estabilización.