Cuando Bolívar se enteró de la muerte del general Olañeta en Tumusla, escribió a uno de sus corresponsales: “un millón de hombres acaban de engrosar la huestes del mundo liberal”. Ese mundo era el ansiado por las élites del imperio a comienzos del siglo XIX.

El liberalismo económico preconizado unánimemente por todos los jefes revolucionario americanos y por los españoles que perseguían idénticos ideales en la península, tenía una connotación comercial.

Desde el famoso escrito de Mariano Moreno “la representación de los hacendados” abogando por el libre comercio entre Buenos Aires y Europa, pasando por los decretos de San Martín en el Perú suprimiendo todas las restricciones a la navegación en puertos del Pacífico, y terminando por los intentos reformadores del mariscal Sucre en la naciente Bolivia, todo el pensamiento independentista está caracterizado por ese anhelo liberalizador.

El liberalismo fue también la ideología que inspiro el sistema de gobierno en sus dos variantes: monarquía constitucional y república independiente y democrática.

Una apreciación incorrecta del pensamiento de nuestros próceres, ha llevado a contraponer el monarquismo como contrario a las reformas al sistema político. Sin embargo, la Constitución propuesta en 1808 por José Bonaparte para España y América en 1812 por las Cortes reunidas en Cádiz, propugnaban audaces reformas al sistema político bajo la figura de un rey cuyo poder emanaba del pueblo y no de la divinidad.

En distintas épocas, eso mismo fue postulado por Bolívar y San Martín quienes nunca fueron entusiastas republicanos sin que por ello hubieran dejado de ser fervientes liberales.

Bolívar propuso en la Constitución Boliviana o “vitalicia” una formula transaccional entre monarquía y república pero ella fue rechazada unánimemente en Chuquisaca, Lima, Quito, Bogota y Caracas. Eso ocasionó la caída del Libertador y la sepultura de sus grandiosos proyectos de unidad americana.

Los pueblos optaron por repúblicas democráticas a la usanza de los Estados Unidos de América y las jurisdicciones menores, esto es, Audiencia y Capitanías Generales, cortaron sus antiguos vínculos con sus cabeceras virreinales declarando su total independencia frente a ellos.