Las finanzas de la república mantenían en esos primeros años aproximadamente los mismos niveles que en las postrimerías del régimen español. Entre 1820 y 1825, los ingresos fiscales tenían un monto de 2.023.000 dólares (404.601 libras esterlinas), mientras que para los dos primeros de la independencia (1825-1826) eran casi iguales, 2.000.000 de dólares (400.000 libras esterlinas). Tales ingresos procedían principalmente de los impuestos sobre las importaciones, la explotación de metales preciosos (oro y plata), el rendimiento por acuñación de moneda, el tributo indígena (imposición que durante el gobierno español consistía en el pago de 5 a 12 pesos anuales y al cual estaban obligados todos los naturales entre los 18 y los 50 años de edad) y los diezmos.

Existía un equilibrio entre los ingresos y egresos fiscales. Estos últimos también según su cálculo para 1827 y 1828, a 2.000.000 de dólares, aunque su distribución era irregular.
La diferencia favorable seria aplicada a la habilitación del puerto de Cobija sobre el Océano Pacífico, a fin de hacer posible la llegada de barcos a muelles que deberían ser construidos.

La considerable cantidad destinada a la “fuerza militar” se explica por la necesidad de mantener un ejército de 4.000 hombres, que el presidente Sucre consideraba indispensable para la seguridad de Bolivia. De esos, una mitad estaba todavía formada por las tropas del ejército libertador colombiano, cuyo regreso al país de origen estaba previsto para una fecha próxima, y la otra por los oficiales nativos que comenzaban a hacer carrera y los soldados que eran reclutados. Eran oficiales que habían adquirido una reducida experiencia militar en las guerrillas levantadas contra el ejército español en las campañas de la independencia. La mayor parte de tales grupos guerrilleros habían sido extinguidos en época relativamente temprana y sólo quedó en pie hasta el final el que escogió como escenario de su acción las tierras de Ayopaya e Inquisive, entre Cochabamba y La Paz. La desproporcionada cantidad destinada en el presupuesto para la “fuerza militar” de una idea de la preponderancia castrense en ese momento.

También existía un criterio optimista en cuanto a las perspectivas en la recaudación de las deudas al Estado y que si eran recobradas permitirían pagar los compromisos adquiridos para las indemnizaciones al Perú y al ejército Colombia por su contribución a la independencia. Se pensaba ese año de 1826 que por la venta de tierras e inmuebles, los ingresos llegarían a 2.000.000 de dólares, por la venta de las minas abandonadas, 500.000, y por otros conceptos, 3.793.568.