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Los viajeros que llegaban al puerto boliviano de Cobija relatan que en la segunda mitad del siglo XIX estaban extinguiendose los últimos indios changos de Atacama, quienes usaban unas balsas infladas de piel de foca.

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Todo indica que las primeras manifestaciones del discurso proteccionista en el periodo republicano constituyen reacciones mas o menos directas a los desajustes económicos que se habían acentuado tras el primer experimento de liberalización comercial emprendido por Bolívar y Sucre en el país. Es importante destacar, sin embargo, que el proteccionismo comercial en Bolivia se afianza y va definiendo sus especificidades en un momento crucial de afirmación nacional que estuvo marcado por fuertes tensiones geopolíticas con los países vecinos.

El paquete de medidas proteccionistas que se adopto en el periodo 1830 – 1832, se fu perfilando en el marco de una coyuntura caracterizada por serias discrepancias políticas y comerciales con el Perú. La opción por el proteccionismo comercial estaba fundad en un diagnostico que apuntaba como principales problemas de la economía nacional: a) la carencia de un puerto adecuado sobre el Pacífico; b) el atraso relativo de las manufacturas nacionales; y c) el carácter desequilibrado del comercio exterior.

Las medidas proteccionistas que se pusieron en práctica en esos años no solo incluían los instrumentos clásicos de protección comercial, como las tarifas arancelarias, las prohibiciones especiales a importar ciertas mercancías y el fomento directo a determinadas actividades productivas, sino que contemplaban también el recurso menos usual de la adulteración monetaria para lograr el mismo efecto. El arancel aduanero de 1829, puesto en vigencia por Andrés de Santa Cruz, establecía la protección selectiva a manufacturas nacionales que competían con similares importadas a través de la elevación tarifaría, en algunos casos, y mediante la prohibición a importar, en otros. Los productores nacionales de tejidos y bebidas alcohólicas resultaron ser los más protegidos por el nuevo arancel. Los licores de ultramar fueron gravados con 30% ad valorem, mientras que la importación de tocuyos, madapolanes y otras telas rusticas de algodón quedo expresamente prohibida. Además, a partir del 1º de agosto de 1829, se aumentaron los aranceles sobre productos peruanos internados a Bolivia, suspendiendo de esta manera el tratamiento preferencial que desde el inicio de la republica se había acordado para el comercio entre ambas naciones.

El 17 de noviembre de 1832 fue firmado un nuevo tratado comercial sobre bases más equitativas. Bolivia tuvo independencia para fijar sus aranceles y se rebajaron los impuestos para mercancías en transito por el Perú. Con la Confederación peruano-boliviana, Andrés de Santa Cruz intento dar mayor viabilidad política y económica a ambas republicas, pero el celo chileno y las desmedidas ambiciones de las oligarquías regionales hicieron fracasar este intento de integración política y económica.

El 10 de octubre de 1829, Andrés de Santa Cruz promulgo un decreto ordenando la reducción del contenido fino de las monedas bolivianas de plata de corte menor. El objetivo del decreto era atenuar la escasez de plata menuda que se sentía en aquella época en la economía nacional. D esta manera se afianzaba la política proteccionista que se estaba implantando en el país por la vía arancelaria. Aunque la medida no tenía carácter permanente y en principio solo afectaría a una proporción pequeña del total anual acuñado, la práctica de la adulteración monetaria se prolongo por cuatro décadas y con el tiempo termino afectando a casi toda la plata que se acuñaba anualmente en la Casa Nacional de Moneda.

La acuñación de moneda feble tenía también un objetivo (no declarado) de carácter fiscal. En los periodos 1830-59 y 1865-70 los gobiernos bolivianos recurrieron a la adulteración en procura de fondos adicionales para financiar sus gastos corrientes, mayormente de índole militar. Los datos disponibles acusan una razonable coincidencia entre los periodos de mayor acuñación relativa de moneda feble y los momentos de grandes y urgentes necesidades de financiamiento bélico. Las preferencias de los sucesivos gobiernos se explican si observamos que, de los diferentes rubros que componían el conjunto de ingresos estatales era sin duda sobre el de la acuñación de moneda que el Poder Ejecutivo tenia mayor control y posibilidad de arbitrio.
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