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Hacienda Ñucchu cerca de Sucre. A fines del XIX fue propiedad del presidente Gregorio Pacheco.

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Estas mujeres blancas demuestran elocuentemente las diferencias raciales, sociales y económicas de la colectividad boliviana.

El año 1872 marca el transito definitivo de política proteccionista a la del librecambio, mediante la abolición del monopolio estatal en el rescate de minerales y la eliminación de la moneda feble (devaluada). La recuperación de la economía argentífera se había venido operando desde mediados de siglo y, con las medidas librecambistas, los “patriarcas de la plata” se encontraban en condiciones de administrar la economía del país, así como de gobernarlo. De ese modo, Gregorio Pacheco (1884-1888) y Aniceto Arce (1888-1892), dos de los más grandes mineros de la plata, defenderían sus intereses desde la silla presidencial. En una, aparente contradicción, estos serian los protagonistas del primer intento hacia el desarrollo capitalista del país, al mismo tiempo que los mayores promotores de la expansión de la hacienda a expensas de las tierras comunales. La alianza minero-terrateniente llegaba de esa manera aun punto tal que muchos de los empresarios mineros se convirtieron en grandes terratenientes y viceversa (buena parte de los capitales invertidos en la recuperación de las minas de plata provinieron de la acumulación efectuada por los hacendados tradicionales). Para ellos, no existía mayor inconveniente en ser progresista en lo económico y conservadores en lo social, lo que se asemejaba a una perfecta fusión entre capitalismo y feudalismo.

En cuanto a la política agraria, la futura oligarquía minero-terrateniente se vio favorecida por la Ley de Ex-vinculación de 5 de octubre de 1874, en la que se establecía que “ningún individuo o reunión de individuos podrá tomar el nombre de comunidad o aillo, ni apersonarse por estos ante ninguna autoridad”. Así quedaba sentenciada la situación de los indios originarios y el status de indio comunario desaparecía de la legislación boliviana. Sólo faltaba la aplicación de la ley y la consumación de algo a lo que las comunidades indígenas se habían resistido durante cinco décadas.

La invocación a los decretos bolivarianos de 1824 y 1825 fue definitiva para declarar a los comunarios propietarios absolutos de los terrenos que poseían, los mismos que se reducían a las sayañas (parcelas individuales) que cada uno trabajaba para la familia nuclear. El “derecho” a vender, alquilar o enajenar sus tierras de la manera que mas les “convenga”, no era otra cosa que preparar el terreno para la futura adquisición de dichas tierras por parte de la clase hacendataría, cuyos métodos, pacíficos o violentos, eran un detalle que parecía no tener mayor relevancia.

El Partido Conservador, luego del trauma de la Guerra contra Chiles, seria el encargado de poner en práctica esta nueva arma “legal”. Su contraparte serian las grandes sublevaciones indígenas de fines de siglo que culminaron con la alianza entre el partido liberal, José Manuel Pando, y el “temible Willka” aymara, Pablo Zarate, quienes encabezaron la Guerra Federal de 1899 en la que los conservadores perdieron el poder a favor de los liberales y los chuquisaqueños la sede de gobierno de la Republica a favor de los paceños. Había llegado la hora de reemplazar la oligarquía sureña de la plata por la norteña del estaño.

La respuesta al apoyo del ejército indígena fue el ajusticiamiento de sus líderes, acusados de haber excedido sus reivindicaciones comunales y de haberse autoproclamado “república independiente”. Los liberales no solo rompieron su alianza, sino que se convirtieron en los mas voraces expoliadores de tierra comunales, ejemplo de lo cual fue el Presidente Ismael Montes (1904-1909; 1913-1917), que se convirtió en uno de los mas grandes propietarios de las tierras aledañas al Lago Titicaca.